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el cuarto poder

  • Foto del escritor: Dani Russo
    Dani Russo
  • 11 jun
  • 3 Min. de lectura

Actualizado: 15 jul

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Cuando algo me hace ruido, ahí es dónde hago foco. Algo en estos últimos días me llamó bastante la atención como para no dejarlo pasar y así fue que dado el contexto, me tomé un rato para ponerme a reflexionar sobre la cobertura de parte de los medios de comunicación de la condena a Cristina Fernández por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos del período 2003–2015.


La pregunta que me hago es ¿Por qué antes de que efectivamente se dictara la sentencia algunos medios de comunicación declaraban a la expresidenta culpable?  


La afirmación anticipada de que Cristina Fernández de Kirchner sería condenada, antes de que el Poder Judicial dictara la sentencia, responde a una combinación de factores políticos, mediáticos y judiciales que configuran el complejo escenario argento.


Desde hace años se denuncia en Argentina la existencia de un entramado entre ciertos sectores del Poder Judicial, el poder político opositor al kirchnerismo y grupos mediáticos concentrados. Algunos medios de comunicación, especialmente los más alineados con posiciones anti-K, contribuyeron a instalar narrativas que presentan a Cristina Fernández como culpable desde el inicio de los procesos judiciales, aun sin sentencia firme. Esta estrategia se basa en la llamada "condena mediática", que busca fijar en la opinión pública la idea de culpabilidad más allá del fallo judicial.


Para dar cuenta de las transas entre poder judicial, poder político y grandes bestias del poder mediático basta con hacer memoria sobre el ¨Caso de Lago Escondido¨ que implicaba a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el diario Clarín y el empresario británico Joe Lewis, entre otras personas como el juez Julián Ercolini, el juez Carlos Mahiques y un par de muchachos más en una reunión para coordinar estrategias judiciales y defender intereses particulares.

 

Por otro lado, muchos analistas y la propia Cristina Fernández denuncian una práctica de lawfare (guerra jurídica):  Persecución política que utiliza la ley como herramienta y que requiere de los medios de comunicación para su instalación. Tiene como objetivo además de la persecución, un efecto psicológico sobre la política. Así lo definió la abogada  Graciana Peñafort, ex directora  de  asuntos  jurídicos del  Senado  de  la  Nación.

 

Algunos medios buscan transformar causas judiciales en espectáculos mediáticos. En este caso, presentando como un hecho consumado una condena que todavía no fue dictada. Esto genera impacto, rating, clics y polarización. Se dramatiza, se hace un gran show de la cobertura para captar audiencias a costa de principios básicos del debido proceso.

 

Cristina Kirchner es un símbolo político de muchísimo peso. Declarar anticipadamente su condena permite influir en la percepción de la sociedad y en la dinámica política. Se construye así un relato de “corrupción” que busca erosionar su legitimidad y la del espacio político que representa, especialmente en períodos electorales como el actual.

Esta coordinación funcional —reacción judicial alineada con cobertura mediática y timing político— dio lugar a narrativas sobre una condena inevitable para Cristina Kirchner, incluso antes de que se dictara sentencia definitiva.

 

Como bien dijo el político y escritor británico Edmund Burke, allá por el siglo XVIII en el Parlamento inglés: ¨La prensa tiene más poder que los otros tres estamentos juntos¨ erigiéndose así, además de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), el otro: El cuarto poder, el Poder Mediático.

 

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